ENTREVISTA

La Transparencia en México: Aprendizajes y Desafíos

Jacqueline Peschard (JP): Comisionada Presidenta del IFAI

Eduardo Guerrero (EG): Director de Transparencia y Privacidad

EG. Muchas gracias por la entrevista, Jacqueline. Quisiera empezar platicando un poco de ti: hace algunos fuiste años consejera del IFE, justamente después de la muy importante reforma de 1996.

JP. Así es.

EG. ¿Fueron siete los años que estuviste en el IFE?

JP. Sí, siete años.

EG. Y luego te convertiste en comisionada del IFAI. Quiero preguntarte si esas dos experiencias han sido muy distintas; ¿la primera te ayudó en la segunda o cuál es el contraste que registras entre ambas experiencias?

JP. Yo tengo una trayectoria académica. Mi formación y mi trabajo profesionales de toda la vida han sido académicos y, cuando me invitaron a unirme al IFE, éste se estaba convirtiendo en una entidad plenamente autónoma, y con la intención de que quienes encabezarán el IFE fueran ciudadanos con vocación de autonomía frente al poder, independientes de los partidos, capaces de hacer de las elecciones procesos confiables, libres, competidos, lo que era una demanda de la ciudadanía de muchos años atrás. Curiosamente, quienes nos incorporamos como miembros del Consejo teníamos una característica compartida: el origen académico, un origen claramente desvinculado de los intereses políticos. Esto hizo muy atractiva la invitación.

EG. Además con una trayectoria, con reconocimiento.

JP. Cuando terminé en el IFE regresé a la academia. Me hicieron algunas ofertas para incorporarme al sector público, pero la verdad es que eso no estaba en mi trayectoria ni era de mi interés, nunca había estado vinculada a partido político alguno, y menos si estaba en el gobierno. Cuando surgió la posibilidad de incorporarme al IFAI, fue un poco un reto semejante al que enfrenté en el IFE que, en este caso, era una institución que tenía una cabeza colectiva, colegiada, muy semejante al IFE, aun cuando no es constitucionalmente autónoma pero sí tiene márgenes de autonomía y una función de vigilancia, de supervisión. El IFAI tiene, sobre todo, un objetivo, una meta, que también es consolidar la democracia. Para mí fue casi como una transición, la vida da oportunidades y, en este caso, si ya había logrado participar en una institución que había construido los cimientos de la democracia electoral, lo siguiente era la posibilidad de avanzar hacia una institución que consolidara las prácticas de transparencia y acceso a la información.

EG. Se puede decir que el de las elecciones era un tema de transición y el de la transparencia era de consolidación.

JP. Exacto. Era un reto participar y debo añadir que sí me sentía muy identificada con el colegiado, pues el IFAI también contaba con una dirección colegiada muy semejante a aquella en la que había participado en el IFE, de corte muy académico, de corte de responsabilidad, no vinculada a los partidos ni al gobierno. En ese sentido, estar en el IFAI se adecuaba bien a mi trayectoria.

EG. ¿Cuál experiencia te está gustando más, Jacqueline, la del IFE o la del IFAI?

JP. Creo que hoy el IFAI está desempeñando un papel clave, incluso para la consolidación de instituciones como pueden ser el propio IFE u otras que han sido producto de la transición o intentos de consolidación.

El IFAI debe establecer ciertas pautas sobre la ruta que debe seguir el quehacer público, para que sea un quehacer más responsable, más expuesto al escrutinio ciudadano. El IFAI tiene una función mucho más transversal que la del IFE. Al incorporarme al IFAI tuve una especie de intuición de que éste era importante, pero diría que en el curso de mi estancia en él he encontrado que el IFAI puede incidir en un campo mucho más amplio que el de una sola área de trabajo.

EG. Eres presidenta del IFAI, lo que no sucedió en el IFE. Ahora que has tenido la oportunidad de encabezar este organismo, ¿cuáles han sido tus preocupaciones centrales? ¿Cuáles son los asuntos que has querido enfatizar?

JP. Asumí la presidencia cuando el IFAI iba a cumplir siete años. Para entonces ya había un recorrido hecho, se contaba con un prestigio acumulado y, en ese momento, mis propósitos son básicamente atender demandas de información de ciudadanos. El paso siguiente era, creo yo, que las dependencias asumieran la transparencia como parte cotidiana de su propio desempeño, de su propia gestión. Seguimos atendiendo los recursos, que ese es el centro de nuestra actividad, pero ahora hemos estado trabajando más en ver de qué manera incidimos en una nueva relación con las dependencias; no se trataría de estar vigilando que se cumpla la resolución del IFAI, sino de entrar en una fase de colaboración, de entendimiento con las dependencias pues lo importante es que ellas se desempeñen en función de la transparencia para que transiten hacia el gobierno abierto. Esto quiere decir que las dependencias tengan claro cuáles son los intereses de los ciudadanos.

EG. ¿En qué medida han asumido las dependencias la transparencia como parte de su trabajo?

JP. Yo te diría que es algo muy disperso o poco consistente. El ideal sería que la transparencia se convirtiera en algo institucionalizado, que se incorporara como una práctica válida que se entiende, que se asume y cuyo valor intrínseco se estima. He encontrado que esto depende en buena medida de quién esté como titular de una dependencia. Si encuentras un directivo que dice que la transparencia es útil, esta práctica se adoptará. Pero si se va un titular que era un convencido de la transparencia y llega alguien que no la entiende, se retrocede.

EG. ¿Hay sectores más reacios que otros a asumir la transparencia? Pienso en el sector financiero, el sector de seguridad o en el sector encargado de la política social.

JP. Pues no, yo te podría decir que aparte del conflicto que hemos tenido con la Procuraduría General de la República (muy concretamente por el asunto de averiguaciones previas), en seguridad nacional y pública tenemos hoy una mejor respuesta del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y, de nueva cuenta, porque el titular del CISEN está comprometido con la transparencia. Hay instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, por ejemplo, que tienen estructuras muy disciplinadas, de modo que si el IFAI dice "esto se entrega", ellos cumplen. En cambio, hay entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que recibe volúmenes de solicitudes de información impresionantes y que con frecuencia no tienen los suficientes recursos para atenderlas adecuadamente. Entonces buscamos con ellos la manera de trabajar mejor. Yo diría que no tenemos una ruta muy clara hacia una institucionalización y lo ideal sería que hubiera una rutina organizativa.

EG. Algunas secretarías han empezado a contratar gente, por ejemplo, para que les ordenen bien sus archivos, que es un requisito fundamental para la transparencia, y ya no lo asumen como una carga adicional, sino como una labor cotidiana que es parte de su trabajo.

JP. En esto tiene mucho que ver que se ha identificado la necesidad de que haya una Ley Federal de Archivos, de que quede muy claro cuáles son los principios que guían el ordenamiento, el mantenimiento, incluso la depuración de los archivos, y la relevancia que éstos tienen dentro de la propia gestión pública.

EG. Me acuerdo de que en algún momento las secretarías empezaron a responder con frecuencia que no existía la información solicitada. ¿Esto ha perdurado?

JP. Todavía hay muchos casos de inexistencia. Sigue registrándose lo de "no encuentro la información, ya busqué en todos lados, y aunque debí haberla emitido, está en mis facultades tenerla, no la encuentro".

EG. Al ver el funcionamiento interno del IFAI, me parece que a veces existe una brecha entre los comisionados y las áreas ejecutivas. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Cómo está trabajando ahora internamente el IFAI?

JP. El IFAI está en un proceso de reestructuración, justamente porque vamos a asumir una nueva tarea; pensamos que es buen momento para revisar. Entre las ponencias y la estructura ha existido una relación en donde las primeras son un poco como la dirección del IFAI, mientras las otras partes trabajan en apoyo de las tareas sustantivas del pleno. El IFAI fue constituido para que sus áreas operativas desahogaran los recursos de revisión. La estructura, sobre todo la Dirección Jurídica, la Dirección de Clasificación y la Dirección de Estudios, en buena medida se abocan a apoyar pero ahí hay recursos muy valiosos que no necesariamente deben seguir siendo el apoyo de las ponencias, sino quizás habría que destinarlas a actividades mucho más estratégicas.

En el proceso de reestructuración, ya tenemos camino andado, ya tenemos experiencia; hay muchos recursos que básicamente vuelven sobre los mismos temas, ya sabemos cómo abordar esos temas, ya tenemos precedentes. Hemos hecho una lista de criterios y de precedentes que, a largo de nuestras resoluciones, nos permite decir qué se hace en todos los casos, un poco como un órgano jurisdiccional que construye su jurisprudencia, sus criterios, sus precedentes. Comenzamos a hacer esto en 2010 a partir de la experiencia acumulada y hay un buen ánimo de colaboración. Hemos identificado que necesitamos ver de qué manera utilizar mejor nuestros recursos, los cuales están capacitados en el acceso a la información.

EG. La reciente aprobación de la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ha sido quizá determinante en este periodo de transformación institucional. ¿Cómo han impactado al IFAI esta nueva legislación y estas nuevas obligaciones?

JP. La nueva ley, aprobada en julio pasado, designa una serie de tareas al IFAI: la primera es que tenemos un año para hacer un reglamento, lineamientos sectoriales, toda una serie de trabajos de capacitación con los que van a ser nuestros sujetos obligados ahora, que son cerca de tres millones y medio de empresas. Somos autoridad nacional en este caso, no tenemos delegaciones en los estados, así que debemos buscar con qué dependencia o entidad trabajaremos que sí tengan esta estructura para que nosotros podamos aprovecharla y desempeñar nuestro trabajo, por lo que necesitamos desplegar todo el conocimiento e informar a los particulares de este nuevo derecho.

EG. Suena como una carga adicional tremenda.

JP. Es una carga adicional tremenda, de modo que ya estamos trabajando en la elaboración del reglamento; hemos tenido cuatro o cinco reuniones para ver el reglamento, el cual aborda un tema en el que México carece de expertos, por lo que nos hemos reunido con peritos internacionales que colaboraron en procesos similares en España, Canadá, Francia e Inglaterra y que tienen experiencia resolviendo casos de protección de datos en manos de empresas.

EG. Esto definitivamente implicará que ustedes cuenten con recursos adicionales para cumplir con estas tareas.

JP. Así es, aun cuando estoy convencida de que son asuntos complementarios porque ya lo veníamos haciendo con el acceso a la información, pues dicho acceso tiene un apartado en donde se puede acceder a la información siempre que no sean datos confidenciales de las personas y tenemos que proteger las vidas privadas en el sector público.

EG. Precisamente eso quería preguntarte: ¿no es un tanto esquizofrénico abrir cierta información por un lado y, por otro, cerrar otra?

JP. Yo diría que es complementario y lo considero así porque, primero, se trata de derechos fundamentales pero, básicamente, son derechos instrumentales, es decir, tú accedes a información porque la información te sirve para algo, la información te va a servir para tomar mejores decisiones, para desarrollar mejor tus negocios, pero la información realmente es para que ésta te sea útil. Es igual con la protección de tus datos, te asegura que no haya violaciones a tu vida privada, te protege en situaciones de inseguridad para que nadie vaya a tener tus datos personales y te pueda extorsionar, secuestrar, en fin. Así pues, estos son derechos complementarios en la medida en que ambos son instrumentales, son herramientas del ciudadano para ejercer mejor otro tipo de actividades. La transparencia es para abrir y la protección de datos es para cerrar. En ese sentido sí tienen un pulso distinto, pero así ha trabajado el IFAI todo el tiempo, aunque sea solamente en el sector público, siempre ponderando, mediando donde el interés público demanda que algo se conozca, aun cuando haya datos personales, como en el caso del SAT.

EG. Por cierto, ya que tocas ese caso, ¿de qué se trata?, porque parece que ha causado cierta polémica.

JP. Como sabes, la propia Ley de Transparencia señala lo que son las causales de reserva de información y una de esas causales es la que tiene que ver con lo que se llama secretos: el secreto bancario, el secreto fiduciario y el secreto fiscal. Nosotros hemos considerado que estos secretos no se tocan, es decir, que no puede difundirse esa información, salvo cuando le aplicamos el interés público. Por ejemplo, hay fideicomisos públicos que se crean para ciertos fines, pero el recurso que va a ese fideicomiso sale regularmente de la Secretaría de Hacienda o de una institución financiera. Entonces, lo que hemos dicho es que no es posible que cuando los recursos son públicos no se puede tener acceso a la información; aun cuando existe el secreto fiduciario, nosotros dijimos que en el caso de fideicomisos públicos quien da el recurso tiene que dar a conocer cuánto dio y para qué, no quién lo opera porque éste tiene otro tipo de función y, efectivamente, se tiene que resguardar esa información.

En este caso puede ser una institución financiera. En el caso de los fideicomisos públicos, se trata de una apertura que hizo el IFAI y ahora se sabe que el fideicomitente, el que aporta el recurso, tiene la obligación de decir en qué invierte los recursos.
En el caso del SAT tenemos que recibir recursos por vía de los impuestos. Es un secreto fiscal: tus impuestos no los puedo conocer porque tienen que ver con tu patrimonio, con tu esfera confidencial de datos personales. En este caso la solicitud era sobre créditos fiscales, adeudos fiscales cancelados por el SAT. Se pide la información de 2007, y en 2007 el SAT dice traer un monto elevado de adeudos fiscales, entonces decide cancelar todos esos adeudos hasta 2007. Alguien solicita esa información: los montos, a quiénes se benefició (porque son cerca de 74 mil millones de pesos). El SAT dice que la información es un secreto fiscal y no abre nada. El asunto llega al IFAI y lo que el Pleno de comisionados propone es que efectivamente se trata de un secreto fiscal. Hay un derecho que protege a las personas para que no se conozca lo que deben, pero en este caso hay un interés público de conocerlo. Decimos que son recursos públicos que el erario deja de recibir porque la autoridad decide no cobrar, y entonces consideramos que es una especie de beneficiario de un recurso público porque no va a pagar ese recurso. Entonces resolvimos que se abrieran tanto los montos condonados como el nombre de las personas. El SAT responde que no abriría el secreto fiscal y el asunto se va al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. La Sala que lo resuelve lo admite por a todos los precedentes, y entonces ahí tenemos una resolución que no ha cumplido el SAT.

EG. ¿Y en qué estado está el asunto ahora?

JP. Pues estamos en algo así como sub iudice (es decir, pendiente de resolución), porque el Tribunal de Justicia Fiscal lo ha admitido pero nosotros estamos pugnando para que un juez lo revierta a través de otro procedimiento que se llama un recurso fiscal. La CNDH intervino, pero la CNDH no puede dejar sin efectos una resolución del IFAI, aunque haya acordado con el SAT que debía proteger la información de los particulares. Entonces estamos en una situación de indefensión del IFAI frente al SAT. Esto es muy delicado para el IFAI porque se abren flancos en los cuales sus resoluciones no se cumplen.

EG. Es preocupante, parece que ahí sí importa hacer una reforma para que quede claro.

JP. Así es, para que quede claro, pues entiendo que el IFAI aquí no tiene otro instrumento más que acudir con la Función Pública y decir "sanciona al SAT o al servidor público que no da la información", pero ni siquiera eso resuelve el asunto.

EG. ¿Es aplicable a este caso lo que mencionabas hace rato de una controversia constitucional?

JP. El problema es que el IFAI no está legitimado para la controversia constitucional, pero no dejaríamos de intentarlo. Cuando entras en un conflicto con otra autoridad que está ejerciendo sus funciones mientras ejerces las tuyas, encontramos un obstáculo que solamente la Corte podría resolver en ese sentido.
EG. Es muy interesante conocer esta parte del IFAI, ¿cómo está evolucionando, hacia dónde va, qué tipo de retos enfrenta? ¿Cómo ves tú a los institutos de transparencia estatales? Es un mosaico muy diverso, ¿hay un grupo de estados que están avanzando bien y otros no tanto?

JP. Hay claroscuros. Podemos afirmar que a partir de la reforma constitucional de 2007, que puso parámetros básicos para todo el país, los estados han realizado gradualmente sus propias reformas para ponerse en consonancia con lo que tal reforma dicta.
EG. ¿Todos han cumplido con esta obligación?

JP. No, no han cumplido todos, pero yo diría que más allá de la evaluación sobre las leyes, creo que sí vamos avanzando hacia leyes mejores. El gran reto está en la posibilidad de que esas leyes se traduzcan en prácticas efectivas que transformen a las instituciones de transparencia, sean comisiones o institutos, en órganos reguladores de los gobiernos estatales. Como sabes, hay alrededor de 18 estados en los que el instituto de transparencia es autónomo. Por ejemplo, el instituto de transparencia del Distrito Federal es autónomo y tiene una jerarquía superior a la del IFAI, pero en muchos casos esa autonomía no se traduce en una mejor rendición de cuentas o en un mejor funcionamiento de la transparencia, porque quizás lo que falta es un mayor conocimiento de la población sobre el derecho de acceso o porque hay una cierta subordinación por el método con que son designados, o en ocasiones no les dan los recursos, etcétera.
EG. Para ti, ¿cuáles serían las variables centrales para que un instituto de transparencia pueda funcionar óptimamente?

JP. Creo que la primera es la ley, éste es un requisito básico. Una buena regulación, con atribuciones precisas, que tenga un mensaje muy claro: márgenes de autonomía, tiempos de resolución, tiempo de permanencia de los encargados, de los consejeros o comisionados.

Está la que tiene que ver con la relación, a veces no muy virtuosa, entre órganos reguladores y los gobiernos estatales donde hay predominio de un solo partido (y, por ende, poseen también el control del Congreso). Esto resulta en una enorme presión sobre los institutos de transparencia para que respondan a ciertos intereses, más allá del cumplimiento de la ley y la apertura de la información. En el ámbito federal, la visibilidad de las instituciones, el acompañamiento de los medios de comunicación, hacen que sea mucho más clara la relación que sostienen el órgano regulador y el gobierno, y eso ayuda a que el gobierno no intente controlar al órgano regulador. En algunos estados esta relación es mucho menos clara; en ocasiones los institutos están más sujetos a cierto grado de control del gobierno estatal.

Creo, entonces, que en ocasiones hay elementos que limitan la acción de los organismos que buscan ejercer su autonomía frente a los gobiernos, y esto vale no solamente en el caso de la transparencia sino de otras áreas de la función públicas en los estados, como son los derechos humanos o la materia electoral.

EG. Y tú, Jacqueline, que ya formaste parte primero del Consejo General del IFE y ahora del Pleno de Comisionados del IFAI, ¿cuáles consideras que deben ser los atributos de los consejeros o comisionados para ser independientes? ¿Es un asunto de carácter procedimental, de armar un buen método para tratar de hacer más indirecto ese nombramiento, o hay asuntos de atributos de la carrera, de la trayectoria de esos mismos consejeros o comisionados?

JP. Es muy importante que el procedimiento sea abierto, que los requisitos estén claramente establecidos. Creo que los pesos y contrapesos son importantes en el propio nombramiento, pero también creo que los miembros de una Corte Suprema (o de quienes tienen que tomar decisiones que son definitivas) deben ser personas que ya tienen una trayectoria que defender, que tienen un reconocimiento público que ellos mismos se han ganado y no solamente deben gratitud a quien los propuso.

EG. Me viene a la mente el Consejo General del IFE del que tú formaste parte, en donde la mayoría de los consejeros y consejeras eran personas relativamente jóvenes pero con una trayectoria muy respetada y reconocida en el ámbito académico. ¿Crees que este factor desempeñó un papel clave en la actuación de ese consejo?

JP. Así es, fue un factor clave. Es decir, aun cuando nos habían propuesto los partidos políticos, estos partidos sabían que nosotros no nos subordinaríamos a ellos, que podíamos escucharlos -por supuesto que sí- pero que de nuestra parte había una cierta madurez profesional.

EG. Pasando a otro asunto, ¿cómo está evolucionando el asunto del fortalecimiento presupuestal del que debe ser objeto ahora el IFAI, dadas sus nuevas atribuciones en materia de protección de datos personales? ¿Y qué hay de los institutos estatales que también se están haciendo cargo de la protección de datos?

JP. Buena parte de los estados, no todos, tienen en sus leyes de transparencia el rubro de protección de datos en el sector público. Hay estados como Tlaxcala, Jalisco y Colima que ya tenían una ley de protección de datos, incluso en el sector privado. Estas leyes quedaron derogadas cuando entró en vigor la ley de protección de datos federal que convierte al IFAI en la autoridad nacional en la materia. Así, los estados no se ocuparán de la protección de datos en el sector privado, pero sí en el sector público. El reto que tenemos ahora es que lo que está bien desarrollado en la Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares se desarrolle igual, con los mismos principios, los mismos ejes rectores, los mismos procedimientos, para que haya una plena consonancia.

El asunto del presupuesto es clave para que las instituciones puedan desarrollar las actividades que tienen encomendadas y, en el caso del IFAI, sí vamos a necesitar un presupuesto adicional. No es que vayamos a crecer enormemente en estructura, pero sí necesitamos un incremento porque es una actividad que requiere de conocimiento técnico. Vamos a ser la autoridad que sancione en todo el país, entonces difícilmente podemos despegar con los mismos recursos. Además, desde que el IFAI nació en 2002-2003, su presupuesto ha registrado un crecimiento inercial y, sin embargo, nuestro desempeño no ha sido inercial por el incremento de recursos de revisión año con año. Nuestros recursos de revisión se han multiplicando por tres y, a causa de la inflación, nuestro presupuesto no ha crecido más que uno por ciento cada año. Hoy, con una asignación presupuestal inercial, no podemos cumplir con una tarea que implica un conocimiento y una especialización nueva. En el sector público no sancionamos, pero lo vamos a hacer en el privado y eso propiciará que nos enfrentemos con algunas grandes empresas. Requerimos recursos institucionales importantes y todavía no hemos tenido ese respaldo por parte del gobierno.

EG. Pues parece fundamental. Por lo demás, el IFAI tiene fama de ser una institución muy eficiente a su interior, hay austeridad y sobriedad en el manejo de recursos.

JP. Sí, es una institución muy sobria; bien lo dices.

EG. Quería preguntarte: ¿qué tipo de información le están pidiendo ahora los ciudadanos al gobierno? ¿Cómo han evolucionado las solicitudes de información?

JP. Las solicitudes de información están muy centradas en los recursos de las entidades; tienen que ver con el ejercicio del presupuesto. Por ejemplo, las solicitudes no se dirigen solamente a saber cuánto se asignó para obra pública o proyectos de inversión, sino que ahora la gente quiere saber cómo se gastan esos recursos. Hay un avance por el mayor grado de complejidad en las solicitudes relativas a recursos presupuestales. Hay un gran interés en las licitaciones, y mientras más grandes sean las licitaciones será mayor el interés.

EG. ¿Y el interés sobre las regulaciones? Me imagino que los empresarios también piden este tipo de información.

JP. Sí hay interés en las regulaciones, pero las solicitudes son sobre todo del siguiente tipo: qué clase de licitaciones se abrieron, cómo se asignaron los contratos, qué clase de ofertas se hicieron, qué estudios de mercado hizo la dependencia para decidir cómo se haría la licitación. Las solicitudes son cada vez más precisas. Esto ha sido consecuencia del entrenamiento e interés de la propia comunidad que echa mano de la ley.

EG. ¿Quiénes son los que piden información: estudiantes, profesores, empresarios, funcionarios públicos? ¿Quién más pide información?

JP. La ley no obliga a los solicitantes de información a identificarse. Sin embargo, nosotros les pedimos que nos digan a qué se dedican y alrededor de 54 por ciento nos lo dice (aunque no tenemos forma de verificar que sea cierto). Alrededor de 34 por ciento de este universo de 54 por ciento dice que son académicos que usan la información para sus trabajos de investigación, y este rubro incluye investigadores, profesores, alumnos. Un segundo grupo es el de los empresarios medianos y pequeños. A lo mejor antes sólo los grandes empresarios tenían información privilegiada del gobierno, pero ahora cualquier empresario puede tener información relevante para planear sus negocios y saber, por ejemplo, por dónde va a pasar una carretera e invertir en la zona. Son alrededor de 18 por ciento los que dicen ser este tipo de empresarios.

Después viene un tercer grupo, que son los funcionarios públicos, quienes encuentran más fácil pedir la información que requieren de otra dependencia por esta vía que pedirla directamente. En cuarto lugar vienen los periodistas, y te puedo decir que ellos son los que nos surten del mayor número de recursos de revisión.

EG. ¿La gente ya aprendió a pedir información o ustedes tienen que estar adivinando a qué se refieren?

JP. Muchas veces tenemos que hacer a los solicitantes algún tipo de pregunta, pero creo que sí hay un proceso de aprendizaje muy claro para quienes ejercen consistentemente su derecho de acceso a la información.

EG. Dos asuntos: el primero son los grandes retos que tú ves para el IFAI y en general para un instituto de acceso a la información en México, y en segundo lugar, ¿cómo ves el futuro del IFAI en particular?

JP. Yo creo que el futuro del IFAI es promisorio porque la legislación de transparencia abrió un cauce que, a mi entender, ya no tiene marcha atrás. Esto no quiere decir que sea un cauce siempre fluido y en movimiento, hay muchos obstáculos, hay resistencias de las dependencias; no es fácil en un país donde durante muchos años la apuesta fue no dar información y de repente se cambia el juego.
Estamos en un proceso. Los ciudadanos muestran desconfianza en que la transparencia realmente sea útil y no sólo mero maquillaje. Por eso es importante que el ciudadano sea capaz de hacer solicitudes cada vez más elaboradas, más complejas. Esto abre la posibilidad a que el ciudadano sepa realmente qué sucedió, a que el ciudadano sepa que si se le entrega información ésta puede ser útil. Para que la transparencia vaya calando en el quehacer cotidiano debe haber un esfuerzo conjunto por parte del IFAI y de la ciudadanía.

EG. ¿Tienes algún dato sobre cuánta gente en México sabe que cuenta con este derecho de pedir información?

JP. El IFAI ha hecho encuestas cada año y diría que el conocimiento sobre la existencia del IFAI y sus funciones ha ido aumentando. Hasta 2008 íbamos en 55 por ciento de identificación, en 2009 bajamos hacia 40 por ciento. Lo que pasó en 2009 fue que hubo proceso electoral, una veda para que en los tiempos oficiales sólo se difundiera información del proceso electoral federal. Durante los primeros siete meses, hasta julio, el IFAI no tuvo ningún tipo de campaña en medios. Esto habla de lo frágil que es este conocimiento; de que para seguir difundiendo ese conocimiento debemos aumentar nuestras campañas de difusión y comunicación.

EG. Y en términos numéricos, ¿cómo se ha incrementado el número de solicitudes por año?

JP. El número de solicitudes entre 2004, que fue el primer año de solicitudes, y 2009, se incrementó de 40,000 a 120,000 (es decir, el triple). El número de recursos aumentó cinco veces entre 2004 y 2009.

EG. Entonces es la divulgación donde ubicas el reto mayor para crear una cultura de la transparencia.

JP. Sí, es el reto mayor y es a mediano plazo, porque el reto inmediato es que el IFAI siga cumpliendo con la tarea del acceso a la información y no se distraiga de esa tarea.

EG. ¿Hay alguna solicitud en donde te haya tocado como ponente armar una resolución que te haya resultado especialmente satisfactoria, en la que hayas sentido que contribuiste a abrir la información de un sector?

JP. Sí, lo que se relaciona con contratos de Pemex, sobre todo a partir de la reforma de 2009 a la Ley de Petróleos Mexicanos. Una de las funciones de Pemex es crear empresas afuera del país para obtener una serie de servicios, compra de equipos, etcétera. Recuerdo una ponencia que tenía que ver con una empresa generada por Pemex en Estados Unidos, sobre la cual se había pedido información, a lo que dijeron que era una empresa extranjera y por lo tanto la información no estaba disponible. Lo que encontramos fue que las acciones, los activos de esa empresa eran evidentemente de Pemex. Nos hemos encontrado con algunas otras empresas similares, lo que ha requerido investigar a fondo para saber cómo está estructurada una empresa y cómo es regulada por el gobierno mexicano y, al mismo tiempo, por el gobierno del otro país.

Esa es una de las resoluciones que han requerido más trabajo y más investigación. Hay otras en las que es muy satisfactorio ver la manera en que es útil a la persona lo que solicitó. Por ejemplo, las solicitudes relativas al acceso a pozos para agricultores o ejidatarios, o sobre cuestiones que estaban rezagadas en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) o en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Las solicitudes permiten que estas dependencias reaccionen y atiendan asuntos de gran utilidad social.

EG. Muy bien, hemos abordado algunos asuntos generales, hemos podido aterrizar en algunos temas muy concretos. A mí, en particular me satisface mucho que una institución tan importante para el país esté dirigida por alguien como tú, con tu trayectoria, con tu capacidad, con el reconocimiento que has logrado. Y bueno, Jacqueline, no sé si tú quieras concluir con algo que haya quedado pendiente.

JP. Me parece que la aportación del acceso a la información a la consolidación democrática se evidencia en cómo ha incrementado el interés de la población en tener acceso a la información gubernamental, en entender cómo se ejerce el derecho de acceso y también en cómo algunos medios de comunicación se han convertido en nuestros aliados, junto con organizaciones de la sociedad civil que han tomado la transparencia como una de sus grandes banderas.

EG. Qué importante es eso para resistir las escaramuzas de aquellos a quienes no les gusta la transparencia, a quienes les incomoda.

JP. Así es. La cultura de la transparencia se está generando y extendiendo gradualmente. La socialización de la transparencia está ocurriendo.

EG. Algo muy importante, también, es el reconocimiento internacional que ha tenido el IFAI. Encuentro a académicos extranjeros que saben qué es el IFAI y muchos países han emulado algunos aspectos del trabajo del Instituto.

JP. Sí, aunque el modelo del IFAI no sea el modelo clásico, pues el modelo clásico es que una instancia judicial resuelva sobre el acceso a la información, y en nuestro caso se trata de una instancia administrativa.

EG. Pues mil gracias, Jacqueline.

JP. Al contrario, gracias a ti.

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